15 medidas clave del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción
En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados celebrada en el día de ayer, 9 de julio, el Presidente del Gobierno anunció el nuevo Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
Esta iniciativa ha sido elaborada siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), de la OCDE y de la Comisión Europea. También incorpora aportes de la sociedad civil, a través del trabajo conjunto con el Foro de Gobierno Abierto, y de expertos de la División de anticorrupción e integridad en el Gobierno de la OCDE.
El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción busca dar cumplimiento a los compromisos de la Ley de Protección del Informante, Ley 2/2023, de 20 de febrero y diseña una estrategia de acción en materia de buen gobierno de las Administraciones, transparencia y combate de la corrupción, a través de 5 ejes que engloban 15 medidas:
EJE 1: Prevención de la corrupción y fortalecimiento de controles.
Se proponen las siguientes medidas:
1. Se anuncia la creación de una Agencia independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción, con facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normativas clave y articulación de mecanismos de protección para informantes de corrupción.
2. Extender a todo el sector público el uso de mapas de riesgos de integridad, con un enfoque sistémico y preventivo.
3. Impulsar la aprobación de la Ley de Administración abierta y fomentar un sistema de participación ciudadana en la prevención de la corrupción, para ello se adoptarán medidas como:
- Implantar pactos de integridad en aquellos contratos del sector público susceptibles de prácticas colusorias o de corrupción y sistemas de auditoría ciudadana.
- Se incluirán exámenes adicionales aleatorios de la situación patrimonial de los altos cargos con carácter anual durante todo el mandato a mayores del ya previsto actualmente en la ley 3/2015 a la finalización del mandato.
4. Transformar la Plataforma de Contratación del Sector Público con Big Data e Inteligencia Artificial para prevenir la corrupción y reforzar la transparencia.
5. Impulsar la aprobación urgente del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y ampliación de sus exigencias en la fase prelegislativa, como la ampliación de dar publicidad a encuentros con lobistas por parte de altos cargos del Gobierno y sus asesores.
6. Reforzar el control sobre la financiación y la actividad económica de los partidos políticos a través de una modificación legislativa que introduzca la obligación de realizar una autoría externa e independiente, como control complementario al realizado por el Tribunal de Cuentas. También se exigirá transparencia en las donaciones y financiación privada, reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros y el plazo de publicación a un mes desde su recepción.
EJE 2: Protección del informante.
7. Reforzar las garantías de protección a los denunciantes de corrupción y mejorar la eficacia de los canales de alerta.
Se propone incorporar expresamente la protección de los informantes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de garantizar que quienes denuncien directamente ante la Fiscalía, las fuerzas de seguridad o los órganos judiciales en el ejercicio de su actividad profesional reciban el mismo nivel de protección que aquellos que utilizan los canales internos o externos de denuncia.
Asimismo, se plantea reforzar tanto las garantías legales como los recursos materiales para las personas que sufran represalias, incluyendo, por ejemplo, el establecimiento de una indemnización proporcional al daño sufrido. Además, los canales de denuncia deberán integrarse en sistemas completos de compliance en el sector privado y de integridad institucional en el sector público.
EJE 3: Investigar, juzgar y sancionar la corrupción.
8. Reforzar las capacidades del Ministerio Fiscal y del Poder judicial para investigar, juzgar y castigar eficazmente la corrupción. Se propone para ello las siguientes medidas:
- Crear secciones especializadas en anticorrupción y delitos contra administración pública en los nuevos tribunales de instancia.
- Reforzar la fiscalía anticorrupción con más medios y personal
- Atribuir al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales.
- Carácter preferente de las causas que involucren a cargos públicos y ampliación de los plazos de prescripción de los delitos.
9. Mecanismos de control y sanción frente a empresas corruptoras, a través de:
- Endurecimiento de las sanciones a empresas corruptoras.
- Creación de un registro público de empresas sancionadas
- Establecer la obligación de contar con mecanismos de compliance anticorrupción para empresas.
- Incorporar la titularidad sobre participaciones sociales al Registro Mercantil para mejorar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada.
10. Modificación del Código Penal para endurecer las penas de los delitos de corrupción, se duplicarán los plazos de presión y aumentarán las multas a empresas calculándolas sobre los ingresos anuales.
EJE 4: Recuperación de activos procedentes de actividades corruptas.
11. Reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), aumentando medios y plantilla.
12. Creación de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá la incautación de bienes sin condena previa.
EJE 5: Promover una cultura anticorrupción y de integridad en la ciudadanía, la administración y la empresa.
13. Establecimiento de programas de formación obligatoria y difusión de buenas prácticas en materia de integridad y prevención dirigidos al personal del sector público.
14. Organizar una campaña nacional de comunicación y sensibilización en materia de anticorrupción
15. Elaboración por parte del CIS de una encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción en España.
Para revisar el cumplimiento del plan, el Gobierno ha acordado con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación, que dará cuenta de los avances realizados a los 12 y a los 24 meses, y emitirá un dictamen técnico que será de dominio público.
Acceso al documento completo del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
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